Contrataciones Públicas emite nuevo reglamento para regular selección y labor de peritos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la entrada en vigencia del Reglamento núm. DGCP-SNCP-05-2026 de Peritos en Contratación Pública, que establece el marco regulatorio para la selección, designación, acreditación, desempeño y responsabilidad de los profesionales encargados de la estructuración técnica y evaluación de ofertas en los procesos de contratación del Estado.

Puntos clave

• Esta normativa da cumplimiento a las disposiciones de la Ley núm.
• 47-25 de Contrataciones Públicas, buscando garantizar la objetividad, el principio de valor por dinero, la seguridad jurídica y la prevención de conflictos de interés en la Administración pública, según detalla un comunicado.
• Dentro de los aspectos clave del reglamento figura la creación del Banco de Peritos del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, administrado por la DGCP, que operará como un registro oficial que concentrará a profesionales calificados por especialidades (técnica, financiera, legal, entre otras) para dar soporte a las entidades contratantes, de forma interna o mediante la contratación de peritos externos cuando la complejidad lo amerite.
• El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que este instrumento servirá para consolidar los avances en la implementación de la ley, marcando un hito en la profesionalización del personal técnico evaluador, garantizando la independencia de los informes y asegurando el principio de valor por dinero en cada contratación del Estado.

Contexto adicional

Indicó que esta normativa forma parte del conjunto de reglamentos, manuales y herramientas operativas dictadas por el órgano rector en el marco de la entrada en vigor de la referida norma, orientadas a estructurar un sistema de compras más transparente, eficiente y tecnificado. Régimen de incompatibilidades y recusación
El reglamento tipifica detalladamente los impedimentos y conflictos de interés que imposibilitan a un profesional ejercer como perito, tales como vínculos laborales o societarios previos con oferentes, parentesco o participación en la preparación de propuestas. Asimismo, establece el procedimiento formal para que los oferentes e interesados puedan recusar peritos, garantizando la imparcialidad del proceso.

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Información basada en una publicación original de El Nuevo Diario — Nacionales.